Los querellantes acudieron pasado el mediodía ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a depositar el documento en el que acusan a los funcionarios por “abuso de confianza, prevaricación, concusión y el delito constitucional de la corrupción”.
En el documento, establecen que en el año 2010, los directivos de APORDOM iniciaron conversaciones con el gerente de July Import, S.R.L Julio Antonio Checo, co-querellante, para la implementación de un plan de distribución y compra de motocicletas.
Agregan que una vez suscrito el contrato, July Import, S.R.L. distribuyó las motocicletas marca Premium, del año 2008, a más de 541 empleados, quienes suscribieron a favor de APORDOM una comunicación en la que autorizaban a debitar de sus sueldos las cuotas de pagos correspondientes.
Sostienen que a la fecha, y a pesar del mandato de deducción, los funcionarios no han honrado su obligación de pago frente a July Import, S.R.L., por lo que los empleados y ex empleados de la entidad gubernamental, aún no han saldado sus deudas frente a dicha sociedad ni han recibido la documentación legal que ampare su propiedad sobre las motocicletas.
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