REDACCIÓN CENTRAL. Santo Domingo, 7 dic .- El último informe de la ONG Transparencia Internacional (TI) plasma la alarmante realidad de la corrupción mundial y pone el ojo sobre más de dos tercios de los 177 países estudiados, siendo República Dominicana uno de los que más empeora con una puntuación de 29, tres puntos inferior a la de 2012.
A nadie se le escapa que la corrupción es uno de los principales obstáculos en el desarrollo económico de un país y que ésta afecta de forma especial a las naciones más pobres, provocando un escenario preocupante que para muchos genera desconfianza en la ciudadanía y lastra las relaciones internacionales y las bases democráticas.
En pleno siglo XXI la corrupción se ha convertido en uno de los principales desafíos en todo el mundo y diferentes organismos internacionales se ocupan de vigilar a esos grupos que desgastan las instituciones.
En el caso de la República Dominicana algunas de las instituciones más cuestionadas son: los partidos políticos, la Policía y el sistema judicial.
Para el sociólogo César Pérez, la corrupción en el país se debe a una “política clientelar” basada en alianzas que establecen los partidos mayoritarios con un grupo numeroso de “pequeñas franquicias”, que tienen, a su vez, sus “clientes”.
Al acceder al Gobierno, los partidos pactan con esas franquicias para favorecerlas.
“La corrupción se ha institucionalizado en el organigrama del Estado” en la República Dominicana, según dijo Pérez a Efe.
La solución para el experto sociólogo pasa por “un pacto político, así como por un fortalecimiento del Estado y un empequeñecimiento del Gobierno”.
El escenario es complicado de corregir, si bien es cierto que medidas como las mencionadas por Pérez, tal vez solucionarían o cuanto menos reducirían ese escandaloso nivel de clientelismo político y nepotismo que invade a estos grupos.
Para los expertos, es necesaria firmeza e iniciativas como planes de transparencia y anticorrupción, una ley de partidos, independencia del Poder Judicial, duras acciones contra el lavado de dinero, mecanismos efectivos de observación y control, participación de la sociedad e, incluso, el aumento de los sueldos de funcionarios públicos como la Policía.
La ONG alemana Transparencia Internacional (TI) es una de esas organizaciones “vigilantes”, que publica de forma anual un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 177 países, puntuándolo de cero a 100, de muy corrupto a muy transparente.
En la edición de 2013 es inquietante la tendencia de los países de Centroamérica a empeorar y el hecho de que más de dos tercios de los 177 países suspenden, siendo la República Dominicana uno de los que mayor caída registra con una puntuación de 29 (3 puntos menos que en 2012), sólo por detrás de Guatemala y Panamá.
Los más corruptos de América Latina, según este informe: Venezuela y Paraguay.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) señalaba esta misma semana que la falta de sanciones ejemplarizantes, producto de la poca voluntad política, acompañado de la falta de un régimen de consecuencias efectivo, colocan a la República Dominicana entre los Estados más corruptos del mundo.
También, recientemente el Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS), en Washington, aseguraba que la concentración de poder, el clientelismo y una oposición fragmentada son las principales amenazas de la República Dominicana y lo que ha contribuido a asentar una cultura de la corrupción que, incluso, lastra las relaciones con Estados Unidos.
Tanto es así que el exembajador estadounidense en la República Dominicana, Raúl Yzaguirre, ya en noviembre de 2012 expresó abiertamente durante una conferencia, las sospechas que existían en sectores de su país acerca de comportamientos supuestamente corruptos en la Administración dominicana.
Para los movimientos cívicos radicados en el país todo ello se podría mejorar con una mayor independencia de la justicia, una despolitización de la misma, mayores sanciones penales en el ámbito legal y judicial, mejora de la educación en la población, y mejores políticas de transparencia y de control, además de leyes que regulen los sueldos de funcionarios y que protejan a los denunciantes de actos de corrupción.
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