La medida cautelar le fue impuesta al procesado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de las víctimas, luego que el Ministerio Público demostrara suficientes indicios de que cometió el indicado delito hace más de cuatro años en el paraje de Damajagua, distrito municipal de Maizal, en el municipio de Esperanza.
El procurador fiscal Ramón Antonio Núñez, apoderado del caso, dio una calificación provisional a los hechos de violación a las disposiciones establecidas en los artículos 331 y 332-1, del Código Penal Dominicano.
De su lado, la fiscal titular Sonia Espejo resaltó el compromiso del Ministerio Público como representante de la sociedad de investigar, dar seguimiento y tomar las medidas de lugar en casos de esta naturaleza, que según afirmó, no pueden quedar impunes.
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