Santo Domingo, 22 abr .- El primer trimestre del año 2014 fue testigo de 214 protestas sociales, lo que supone 36 más que el mismo periodo del año 2013, siendo las provincias que registran mayor número el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo, según un informe publicado hoy por el Observatorio Político Dominicano (OPD).
La Unidad de Sociedad Civil del OPD, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), da seguimiento a las protestas por demandas insatisfechas en términos socioeconómicos, políticos, jurídicos y culturales.
Según el informe publicado hoy, entre enero y marzo de 2013, el OPD contabilizó 178 protestas sociales de distintos sectores de la población dominicana, con un promedio de 2 protestas diarias, mientras que el primer trimestre del año 2014 fue testigo de 214 manifestaciones, un promedio 2,37 por día.
El Distrito Nacional concentró durante todo el trimestre la mayor cantidad de protestas, registrando 54; mientras que el segundo lugar lo ocupó Santiago con 34; y el tercero Santo Domingo con 13.
Las provincias Barahona, Dajabón, Duarte, Monseñor Nouel y Puerto Plata registraron 11 movilizaciones cada una, puntualiza el documento.
Otras demarcaciones con protestas fueron Espaillat con ocho, Monte Plata con seis, Azua con cinco y San Cristóbal cuatro.
El informe indica que la tasa de incidencia nacional, calculada en base a la población total y el número de protestas producidas en el territorio, es de 2,27 por cada 100.000 habitantes.
“Las provincias con tasa más alta de protestas respecto a su población durante el trimestre fueron Dajabón, Monseñor Nouel, Distrito Nacional y Hato Mayor”, apunta la investigación.
El análisis del OPD también señala que entre los temas que motivaron las protestas de la población se encuentran los desalojos, el pago de pensiones a obreros cañeros, la modificación de la Ley de Hidrocarburos, la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional o la posible explotación minera de Loma Miranda.
Otros temas que también provocaron protestas fueron la instalación de impresoras fiscales, el aumento del ITBIS, el incremento en el precio del gas licuado de petróleo (GLP), la reforma del Código Laboral, la instalación de una planta barcaza para la generación de electricidad y el establecimiento de una planta de desechos hospitalarios.
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