“Grupos dentro PN se oponen a ceder su espacio de poder”.

SANTO DOMINGO. Con el objetivo de dar cumplimiento a las leyes que establecen el orden jerárquico del Ministerio Público en su artículo 113, la Ley 133-11 o Ley Orgánica del Misterio Público crea el Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Nacional, que actuará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá a su cargo el proceso investigativo.

Conforme lo establecido por esta normativa, este cuerpo debería ser completado 11 meses después de la entrada en vigencia de la referida ley. Pero a pesar de que en junio de 2011, fue emitido el decreto para conformar la denominada PTJ, hasta la fecha no ha sido posible, lo que a juicio de Daniel Pou, experto en seguridad ciudadana, obedece a que el gobierno se ha dejado chantajear por grupos que se oponen a ceder su espacio de poder y autonomía a lo interno de la Policía Nacional.

Afirma que la conformación del Cuerpo Técnico de Investigación es una materia pendiente, por falta de voluntad política para establecer el orden de cada institución en el organigrama de la seguridad. “La Policía Técnica es una materia pendiente, porque llegó a emitirse el decreto que la creaba y luego fue dado marcha atrás por las presiones políticas que conllevaba”.

En cuanto al enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Policía, por liderar la investigación criminal, dijo que el problema radica en que ni el Ministerio de Interior y Policía, ni el Ministerio Público cuentan con la estructura eficiente y suficiente para poder dirigir, ni la política de prevención, ni la persecución penal. Explicó que mientras esas dos instancias no sean reestructuradas, es poco lo que se avanzará en ese sentido. 

Propuso la creación de un Ministerio de Seguridad Pública Dominicana, que agrupe todas las instituciones que “andan dispersas en el organigrama del Estado, y que en determinado momento, hasta tienen duplicidad de funciones”. 

“Lo que pasa con la Policía es que por la tradición histórica de autoritarismo en el país, no ha estado bajo la dirección de un orden democrático, que establece como sus superiores al Ministerio de Interior y Policía y al Ministerio Público, sino que se ha mantenido como un dispositivo que responde a los lineamientos del Presidente de la República”.

Expresó que esta situación no se corresponde con el orden institucional. Desde su punto de vista, la Policía entiende que desde que su jefe deje de despachar con el Presidente de la República perderá su jerarquía, lo que calificó como un error, porque esa práctica le da poderes al jefe de la Policía que transgreden el orden institucional.

Entiende que el recién aprobado proyecto de ley, por parte del Senado, no es el que va a revertir la situación actual. Porque no contempla los controles externos necesarios para que la Policía sea una agencia transparente del gobierno. “Esa reforma no está inscrita dentro de lo que es una concepción estratégica de una política de seguridad pública, es una propuesta que se circunscribe mucho a la materia administrativa de la institución”, dijo. 

Dijo que “la Policía no es una instancia política, es una instancia que funciona bajo la sombrilla del Ministerio Público y del Ministerio de Interior y Policía. Ese espacio de autonomía de la Policía no le ha permitido entenderse como un organismo auxiliar. Con el tiempo, la Policía ha llegado a acumular niveles de poder que definitivamente muchas veces desplaza al Ministerio de Interior y a la misma Procuraduría.

Explicó que el proyecto original de ley orgánica buscaba llevar a la realidad lo que establecen las leyes, pero dijo que esto no se ha podido lograr porque los presidentes se dejan chantajear por la Policía.

“La situación de enfrentamientos seguirá mientras el MP no tenga la solidez, los recursos y la capacidad para poder dirigir la investigación criminal y tenga el respaldo político necesario. La verdadera disputa obedece a controles e intereses”, explicó el experto en seguridad ciudadana.