La Suprema Corte de Justicia (SCJ) favoreció ayer al senador Félix Bautista con dos archivos provisionales de investigaciones que se realizaban en su contra por alegados actos de corrupción y lavado de activos.Sin embargo, contra el legislador de la provincia San Juan de la Maguana aún hay tres procesos pendientes.
En la SCJ habían tres recursos contra el auto número 03093, emitido por Hotoniel Bonilla García, el entonces director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), en la actualidad Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dispuso el archivo provisional a las investigaciones contra el legislador.
Dos de los expedientes fueron fallados ayer por la Segunda Sala de la Suprema actuando como Corte de Apelación Especial, mientras que el otro está pendiente de fallo en el pleno de ese tribunal.
El primero de los casos fue el conocido por el juez de la Instrucción Especial, Víctor Castellanos Estrella, quien había ordenado al Ministerio Público, por petición del procurador Francisco Domínguez Brito, investigar al funcionario, pero ese caso fue archivado.
La instancia de investigación fue ordenada basada en una denuncia que hizo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) contra Félix Bautista, por alegado enriquecimiento ilícito.
La Segunda Sala de la SCJ, conformada por los jueces Miriam Germán Brito, presidenta; Frank Soto e Hirohito Reyes, miembros, revocó la sentencia de Castellanos Estrella y mantiene el archivo de los expedientes por entender que Adocco no tiene calidad para objetar la decisión y no accedió a la vía jurisdiccional de la manera prevista en las normas procesales.
La sentencia cuenta con el voto salvado de la presidenta del tribunal, quien resalta que Adocco, en su condición de víctima, denunció el caso, pero olvidó que para validarse como parte en el proceso sobre intereses difusos o colectivos, era necesaria la presentación de una querella formal.
Una segunda decisión de la misma sala ordenó igual disposición para la investigación que se realizaba al también exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la cual fue archivada por Hotoniel Bonilla por entender que los hechos que se le imputan al funcionario no constituyen una infracción penal.
Esa querella había sido interpuesta por la Convergencia Nacional de Abogados, la cual apeló la decisión razón por la que el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a Esther Agelán Casasnovas para que conociera el caso.
La magistrada Casasnovas acogió el pedimento de Cona y en consecuencia había revocado el archivo de la investigación dispuesto por Bonilla.
La magistrada Casasnovas acogió el pedimento de Cona y en consecuencia había revocado el archivo de la investigación dispuesto por Bonilla.
El tribunal, que contó además con la participación de juez Alejandro Moscoso Segarra, consideró que Esther Agelán incurrió en “un error valorativo de la norma 283 del Código Procesal Penal”, al acoger en casación la objeción con los mismos elementos de prueba propuestos en la querella y que en su momento examinara el Ministerio Público en su labor investigativa cuando fundamentó su dictamen.
Ese caso también contó con el voto salvado de Germán Brito, donde explicó que el Procurador General de la República, quien solicitó la revocación de su propio archivo, o sea, el Ministerio Público, a través de su escrito, no dejó muy claro lo que pretende. En tal sentido, “a la Sala no le quedó otra decisión que acoger los recursos de apelación y mantener el archivo provisional”.
Ciudadanos Contra la Corrupción
El pleno de la SCJ tiene pendiente de fallo un recurso de casación interpuesto por el Movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) en contra del legislador por presunto soborno a las autoridades haitianas, durante los gobiernos de Leonel Fernández (República Dominicana) y René Préval (Haití).
El C3 indica que a raíz del terremoto del 12 de enero de 2010 en la República de Haití, Bautista sobornó al entonces candidato a la presidencia y actual presidente haitiano, Michel Martelly, a fin de que sus empresas fuesen contratadas para reconstruir edificaciones en el vecino país.
Esa instancia, igualmente archivada por el Ministerio Público, fue ratificada por la jueza Esther Agelán Casasnovas.
Solicitud de prisión y apertura de juicio
El procurador Francisco Domínguez Brito inició nuevos procesos judiciales contra Bautista, quien también es el secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El próximo 3 de diciembre el magistrado Alejandro Moscoso Segarra conocerá la solicitud de prisión preventiva y apertura a juicio contra Bautista, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Grisel Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
Domínguez Brito los acusa de conformar una red societaria a través de la cual cometieron alegados actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
Ayer la directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, depositó ante la secretaría de la SCJ un volumen de documentos, unos 12 mil en total, los cuales dice ser elementos probatorios con las que sustentan su acusación.
Basado en ello, el Procurador de la República sostiene que tienen “los elementos suficientes” para que sean favorecidos por Moscoso Segarra.
“Estamos pidiendo que el tribunal apoderado emita las medidas de coerción correspondientes, esto quiere decir arresto”, expresó Brito.
“El Ministerio Público está muy convencido, extremadamente convencido de que República Dominicana necesita que de una vez y por todas desaparezca esa cultura de impunidad”, agregó.
En la acusación, Domínguez Brito expresa que Bautista “antes del año 2004 no tenía actividad laboral, empresarial o comercial, que justifique la fortuna que ostenta” y que él incurrió “en graves irregularidades e incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones públicas como ministro/director de la OISOE y senador de la República”.
Agrega que cuando ingresó a la OISOE, Bautista declaró un patrimonio de siete millones 307 mil pesos y cuando salió hizo una declaración jurada por 16 millones 100 mil pesos.
Embargo a Félix Bautista
El máximo representante del Ministerio Público también solicitó a la SCJ que embargue los bienes del legislador, así como a las demás personas a las cuales señala como integrantes de su red societaria. Frank Soto, está apoderado del caso.
“La posición de nosotros es firme, estamos pidiendo que los bienes sean confiscados, eso debe pasar al Estado porque eso provino del Estado… Esta es nuestra posición firme y decidida, queremos la confiscación total de los bienes levantados e igualmente pretendemos las medidas de coerción dada la gravedad de los hechos”, señaló el Procurador.
Brito intimó a los registradores
Domínguez Brito advirtió, mediante acto de alguacil, a los registradores de Títulos del Distrito Nacional y Santiago que se abstengan de ejecutar la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, a favor del senador Félix Bautista.
Soto Sánchez ordenó a esos registradores de Títulos que levanten la oposición o nota de advertencia sobre 112 bienes inmuebles propiedad de la Inmobiliaria Rofi, donde el legislador es accionista. Al ser cuestionado sobre esta disposición Domínguez Brito expresó: “Nosotros lo que estamos haciendo es solicitando a terceros que se abstengan de comprar o de enajenar o de participar de manera fraudulenta en cualquier distracción de esos bienes, lo que queremos es protegerlos”.
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