San Francisco de Macorís. El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró que con los excedentes de los sueldos que tienen los funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, el gobierno debe cubrir el reajuste salarial del 45 por ciento de los servidores del Estado, los cuales reciben un salario de 5,117 pesos mensuales.
Ventura Camejo indicó que la Ley General de Salarios señala que ningún funcionario del gobierno debe ganar un sueldo mayor al del Presidente de la República. Dijo que eso hay que asumirlo con firmeza.
El principal ejecutivo del Ministerio de Administración Pública (MAP) habló durante un seminario de Socialización de su Agenda Estratégica, el cual fue celebrado en la Gobernación Provincial, con la presencia de la gobernadora, Miledys Núñez; el alcalde Félix Manuel Rodríguez, el director regional del Ministerio de Salud Pública, Luis Adolfo Domínguez, y otras autoridades, de acuerdo a lo informado por el vocero de Prensa del MAP, Luis Céspedes Peña.
Precisó que hay instituciones donde sus funcionarios se colocaron salarios caprichosos, pero ya llegó el tiempo de que hay que aplicar la Ley de Salarios. Indicó que mientras unos abusan con excesos salariales en el Estado, otros viven en la miseria.
¿Qué es lo que va a comprar un empleado público con 5 mil 117 pesos?, se preguntó el ministro Ventura Camejo.
Explicó que se supone que un salario justo mínimo debe corresponderse con el costo de la canasta familiar. Apeló al presidente Medina para que en la parte central de su gobierno, ningún funcionario del Estado gane más que el jefe de Estado. Afirmó que nadie trabaja más que el Presidente de la República, por lo que su salario debe ser el mayor en la administración pública. Dijo que no debe permitirse que un sector del gobierno tenga salarios excesivos, y el 45 por ciento, 5 mil 117 pesos.
Informó que el 80 por ciento de los pensionados también recibe ese mismo salario.
Dijo que ya hay que hacer lo que nunca se había hecho, como es el establecimiento de la disciplina.
Agregó que habló con el presidente Medina y éste lo envió a conversar con las autoridades del Presupuesto, para que se vayan solucionando los problemas relacionados con la Ley de Salarios.
Declaró que la idea es que se priorice en los empleados de más bajos niveles económicos a partir del año que viene.
Acción de justicia
Ventura Camejo dijo que se está por buen camino y es una de las cosas que se está solucionando en la administración pública. Dijo que se trata de una acción de justicia, porque es necesario darles los incentivos a los empleados que más lo necesitan.
Ventura Camejo dijo que se está por buen camino y es una de las cosas que se está solucionando en la administración pública. Dijo que se trata de una acción de justicia, porque es necesario darles los incentivos a los empleados que más lo necesitan.
Observó que esa tarea también forma parte del concepto de la planificación de la administración pública.
En la actividad estaban presentes los viceministros Pedro Nina, Carlos Manzano y Julio Canelo. Cientos de empleados de las diferentes instituciones participaron en el evento.
El seminario fue impartido por el consultor Frank González, Lorgia Grullón, Geremías Miliano, Reyson Lizardo, el viceministro Canelo y Georgina Rodríguez, subdirectora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
EL PRESIDENTE SE HA SUMADO AL DEBATE
En los últimos días, el presidente Danilo Medina, el empresario José Luis Corripio (Pepín) y otras personalidades han favorecido un aumento de salario. Inclusive el jefe de Estado afirmó que con un sueldo de 10 mil pesos mensuales nadie puede vivir dignamente.
En los últimos días, el presidente Danilo Medina, el empresario José Luis Corripio (Pepín) y otras personalidades han favorecido un aumento de salario. Inclusive el jefe de Estado afirmó que con un sueldo de 10 mil pesos mensuales nadie puede vivir dignamente.
También las principales centrales sindicales del país han pedido que se convoque al Comité Nacional de Salarios, para discutir un reajuste salarial, lo que fue objetado en principio por organizaciones empresariales, que advierten el riesgo de esa medida para muchas empresas.
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