El sector empresarial dominicano hizo este lunes un llamado “a la prudencia y a la reflexión” del Poder Ejecutivo “para evitar que se promulgue una ley de tanta transcendencia para el futuro económico y social de la nación”.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que agrupa a más de 40 entidades o asociaciones ligadas al sector, expresó su preocupación ante la “apresurada” aprobación de la Ley que declara como Parque Nacional a la zona de Loma Miranda, decisión que –consideró- ha sido empujada por grupos ideológicamente radicales, que de manera constante se oponen al desarrollo sostenido y sostenible de la nación.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que agrupa a más de 40 entidades o asociaciones ligadas al sector, expresó su preocupación ante la “apresurada” aprobación de la Ley que declara como Parque Nacional a la zona de Loma Miranda, decisión que –consideró- ha sido empujada por grupos ideológicamente radicales, que de manera constante se oponen al desarrollo sostenido y sostenible de la nación.
La entidad, presidida por Manuel Diez Cabral, entiende que la Ley no parte de un estudio financiero que defina el monto a resarcir a los propietarios, tanto de terrenos como derechos de exploración y explotación de la zona de Loma Miranda, ni que a su vez garantice que las fuentes de ingresos identificadas en la propia Ley son suficientes para el resarcimiento. Afirma que el Estado debe sopesar los costos, tanto monetarios como de imagen internacional, ante un hecho que pudiera afectar la seguridad jurídica y el clima de inversión del país.
“Antes de tomar una decisión tan transcendental como esta, es importante establecer una verdadera política minera que garantice un desarrollo sostenible de ese importante sector en beneficio de la sociedad dominicana y de las comunidades”, dijo el Conep en un comunicado.
Consideró que para fines de aprobación de esa Ley no se realizaron los estudios que justifican una declaratoria de la zona como Parque Nacional conforme establece la legislación vigente sobre áreas protegidas, “llegando al extremo de no contar con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.
Asimismo, llamó la atención de que existen disposiciones en esta ley que podrían entrar en contradicción con derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, como el de la propiedad y de la libre empresa.
“Creemos en el ejercicio de una minería ambientalmente responsable y en que los avances tecnológicos permiten a la industria minera ser cada vez más amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, pero también creemos que los Estados deben hacer valer su papel de reguladores y guardianes del cumplimiento de las leyes y disposiciones ambientales”, sostiene el Consejo.
Entre las 49 instituciones que firman el documento figuran la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM).
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