POR: YA CO M MENDOZA. La renegociación del contrato de la Barrick Gold con el Estado es un triunfo del presidente Danilo Medina y una derrota para el expresidente Leonel Fernández, de acuerdo con analistas. Desde el año 2009 cuando el convenio fue ratificado por las cámaras legislativas a instancia de Fernández, fue denunciado como leonino para el Estado. Las cláusulas lesivas que hoy se eliminarán por la revisión del contrato fueron denunciadas en su momento y opacadas por la maquinaria gubernamental de entonces.
Diputados peledeístas como su presidente, Abel Martínez Durán, Minou Tavárez y Manuel Jiménez, entre otros, descartaron la línea partidaria y votaron contra la acogida de ese contrato.
La denuncia de los daños ecológicos y de la “estafa” que constituía el contrato, hecha por el diputado Christian Paredes no fue escuchada por sus colegas.
La semana pasada el diputado del PRD por San Cristóbal, Leivin Guerrero, pidió perdón al país por haber votado por ese contrato, pero aclaró que lo hizo acatando una línea partidaria.
“Nunca recibí dinero de la Barrick ni de nadie. Soy un hombre serio”, expresó Guerrero.
En 2009 cuando el convenio con la Barrick fue aprobado se esparció el rumor por los corrillos del Congreso de que habría circulado dinero para la sanción de esa iniciativa.
El contrato con la Barrick establecía que recuperaría su inversión en apenas unos cuatro años, algo nunca visto de acuerdo al propio presidente Medina. Ahora, el plazo se extiende por unos 10 años.
Cuando se arreciaron las críticas contra el convenio con la Barrick, voceros autorizados del pasado gobierno, salieron a defender sus “virtudes”.
De unos 370 millones de dólares que el Estado recibiría en un plazo de cuatro años, el Gobierno de Medina renegoció y en ese período obtendrá dos mil 200 millones de dólares, seis veces más que lo establecido.
El argumento de que revisar el contrato podría alejar la inversión extranjera, no prosperó y se impuso el criterio de que la defensa de los recursos naturales no renovables y la defensa del patrimonio nacional estaban por encima de cualquier otra consideración.
Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, se impuso el criterio del presidente Medina de que el contrato con la Barrick “era inaceptable”.
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