miércoles, 25 de marzo de 2015

Someten a Danilo Medina y funcionarios acusados de “usar recursos del Estado para reelección”

abogado contra danilo

Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia sometió ante el Tribunal Superior Administrativo este jueves por vía de un amparo judicial al presidente de la República, Danilo Medina y a un grupo de funcionarios por corrupción administrativa, por el uso de recursos públicos en la promoción de la “siniestra reelección presidencial”.
El doctor Miguel Surún Hernández, informó que presentó al TSA, la acción de amparo para que se fije audiencia y conocer de la misma y  así, “frenar tan grave atentado contra la institucionalidad democrática dominicana.

Los funcionarios sometidos son los ministros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ( CDEEE), Hacienda, Educación, Administrativo de la Presidencia, Obras Públicas, Industria y Comercio, Dirección General de Comunicaciones del Gobierno Dominicano, presidentes del Senado y Cámara de Diputados, presidente del Tribunal Constitucional, contralor general de la República, director general de Aduanas y consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Según Primero Justicia, los ministros gubernamentales han “vulnerado” los artículos 6, 22, 138, 146 y 124 de la Constitución de la República; y los artículos 114, 123, 124 y 125 del Código Penal de la República.
Califica de ilegales y espurios los aprestos reeleccionistas,  acometidos para “torcer y aniquilar nuestra Carta Magna, muy especialmente en lo referente a los artículos 6, 22, 138, 139, 146, 148, 246, 124 de la Constitución de la República Dominicana; así como a los artículos 114, 123, 124 y 125 del Código Penal de la República Dominicana;
Al dejar depositada por secretaría en el TSA, su acción de amparo, Surún Hernández, dijo que la “Fundación Primero Justicia,  ante este golpe de Estado Institucional, ha procedido a someter por la vía del amparo judicial al presidente Danilo Medina, conjuntamente con gran parte de sus ministros a  los fines de que  retornen a la legalidad constitucional”.

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