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| RECLAMOS |
POR: YACO M MENDOZA. La Colectiva Mujer y Salud se siente consternada por la gravedad de las denuncias en torno al escándalo de pederastia que arropa a la Iglesia católica y hace un llamado a las autoridades civiles, a los medios de comunicación y a la opinión pública para que no permitan que estos casos queden impunes.
Hay buenas razones para temer que esto pueda ocurrir, vistos los precedentes de impunidad en casos similares y el comportamiento exhibido hasta ahora por las autoridades civiles y eclesiásticas.
Desde el caso del albergue de San Rafael del Yuma en Higuey, si no mucho antes, hemos visto a la Iglesia católica hacer todo lo que esté a su alcance para ocultar los abusos sexuales imputados a sacerdotes; la hemos visto obstaculizar investigaciones policiales y judiciales, presionar a medios de comunicación para que le bajen el perfil a sus reportajes, e interferir con denunciantes y testigos mediante chantajes, presiones y sobornos. Todo esto está ocurriendo ya con los casos de los curas de Bonao, Juncalito y Constanza, y con el Nuncio papal.
La rueda de prensa del Arzobispado de Santo Domingo el jueves pasado deja pocas dudas en cuanto a la verdadera agenda de la Iglesia, siendo motivo particular de preocupación su insistencia en negar o minimizar las acusaciones (aún a costa de desautorizar públicamente a uno de sus obispos), así como su feroz embestida contra los medios de comunicación que se han atrevido a investigar y dar a conocer los hechos.
Lo que nunca hemos visto, ni aquí ni en ninguna parte, es a las autoridades eclesiásticas asumir un rol proactivo y de apoyo real –y no solo verbal- a las autoridades judiciales que investigan estos casos. Y es esa actitud de ocultación sistemática la que más críticas le ha ganado a la Iglesia en todo el mundo y la que ha hecho que repetidamente se ponga en duda la sinceridad de sus máximas autoridades cuando piden perdones públicos y declaran su intención de enfrentar los abusos sexuales sacerdotales.
En el fondo del asunto está la convicción milenaria de la Iglesia de que ella está por encima de las autoridades “terrenales” y que sólo tiene que responder ante la justicia “divina”. Por eso su anacrónica política institucional establece que los curas que cometan crímenes sean procesados por las autoridades religiosas de acuerdo a las leyes canónicas y no por las autoridades civiles de acuerdo a las leyes penales, como corresponde a cualquier ciudadano en una sociedad democrática. La prepotencia exhibida por los representantes arzobispales en su rueda de prensa del jueves pasado sugieren que la Iglesia sigue sin entender que en el mundo moderno ya no aplican esas reglas.
Queda por verse con qué reglas va a jugar el Ministerio Público, cuyos miembros están constitucionalmente obligados a aplicar las leyes sin distinción ni privilegio, al margen de convicciones personales y lealtades religiosas.
La lentitud -por no decir desidia- con que se ha estado moviendo la justicia en los casos de Bonao, Juncalito y Constanza no da lugar a mucho optimismo, como tampoco el que ninguna autoridad judicial se haya siquiera referido al hecho de que la jerarquía eclesiástica conocía de las acusaciones contra Wojciech Gil y Wesolowskiy, en vez de colaborar con las autoridades civiles, optaran por destituirles de sus cargos y “permitirles” abandonar secretamente el país.
El Cardenal, nunca tímido a la hora de emitir opiniones y críticas, todavía no ha dado la cara, a pesar de su responsabilidad reconocida en la fuga de los dos sacerdotes extranjeros.
Los escándalos de pederastia sacerdotal y las dudas en torno al accionar de las autoridades civiles colocan nuevamente sobre el tapete el tema del Concordato y la necesidad urgente de derogar esa rémora trujillista. El Concordato no puede seguir siendo marginado del debate nacional sobre democracia, constitucionalidad y transparencia, siendo cada vez mayor el número de voces que se suman a este reclamo. Si de verdad quieren que el Poder Judicial actúe con libertad y dé a los sacerdotes implicados en actos criminales el mismo tratamiento que por ley corresponde a cualquier ciudadano, primero hay que eliminar los privilegios jurídicos, políticos y económicos que actualmente protegen a la Iglesia.
La Colectiva Mujer y Salud reconoce la valentía de las familias que han tomado la decisión de denunciar a los curas violadores y que se mantienen firmes a pesar de las fuertes presiones y ofertas de dinero que reciben (¿cuánto del dinero utilizado para acallar los reclamos de las víctimas proviene de los subsidios estatales establecidos en el Concordato y pagados de los bolsillos de todos los contribuyentes, incluyendo los de las familias de las víctimas?). Hacemos un llamado a otras víctimas de pederastia sacerdotal y a sus familiares para que también denuncien los abusos sufridos y exijan a las autoridades sanciones ejemplares contra los responsables.
Igualmente saludamos la integridad de aquellas(os) periodistas y medios de comunicación que han asumido con aleccionadora responsabilidad la labor de investigar y divulgar estos crímenes. Reconocemos lo difícil que resulta eso en un país donde la Iglesia sigue teniendo tanto poder y donde los jerarcas eclesiásticos son políticamente intocables, y los instamos a mantenerse firmes y a no dejarse amedrentar por las voces que truenan desde los púlpitos.
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