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| Diputado Orlando Espinosa |
En medio del tranque por la aprobación del Código Penal, la Cámara de Diputados ha sido apoderada de un proyecto de ley que busca regular los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto, de la autoría del diputado del PLD por San Cristóbal, Orlando Espinosa, además reglamentará las instituciones que serán habilitadas para tales fines. “Este proyecto presenta una salida para que se apruebe el Código Penal y que además se despenalice el aborto en sus causales, que es una demanda a la sociedad” dijo Espinosa a elCaribe.
Con este ya son dos las iniciativas sometidas que incluye la interrupción del embarazo en tres causales. El otro es el Código Penal que incluye las observaciones presidenciales respecto a las causales y que fue introducido por la presidente de la Comisión de Género de la Cámara Baja, Magda Rodríguez junto a otras 20 diputadas.
La semana pasada los diputados José Luis Cosme y Hamlet Melo depositaron por separado el Código Penal que no incluye las causales y habían propugnado porque el tema del aborto sea tratado en una legislación especial, como una forma de aprobar el Código.
El proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva establece en un considerando que el Estado está en la obligación de garantizar los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral y establecer una regulación ante una posible interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en riesgo la vida de la madre y garantizando su vida, protegiendo los intereses y los derechos de la mujer y la vida prenatal.
“El aborto de manera clandestina no se ha podido eliminar a lo largo de la vida republicana lo que pone en riesgo permanente la vida de las madres y el enriquecimiento ilícito de los profesionales que sin ningún escrúpulo lo practican, por lo que hay que atender a los reclamos de la conciencia social mayoritaria que reconoce la relevancia de los derechos de las mujeres en lo que a la maternidad se refiere”, manifestó Espinosa.
Consideró que dada la realidad social dominicana, obliga a legislar de manera especial y fuera del Código Penal y tratar los casos de interrupción del embarazo cuando el mismo sea producto de estupro, incesto, peligro de la vida de la madre y cuando científicamente se compruebe la existencia de graves daños al feto que no le permitan vivir más allá del nacimiento.
“La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de la más absoluta protección que el Estado debe hacer eficaz, sin ignorar que en la forma que se garantice o se aplique nunca podrá estar por encima de los derechos a sobrevivir de la mujer embarazada”, dice la pieza que está a espera de ser colocada en agenda.
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