SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que constituye una gravísima situación la que se ha abierto con la acusación que el Procurador General de la República ha presentado contra seis jueces penales, a quienes se les imputa haberse asociado para manipular procesos judiciales y negociar la libertad o variación de medidas contra personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En un comunicado, el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, considera que el carácter y gravedad de la acusación remitida al presidente de la Suprema Corte de Justicia es alarmante, tomando en consideración que entre los jueces señalados se encuentra un miembro del Consejo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de ese Poder del Estado, así como jueces de diferentes instancias de la jurisdicción penal en los departamentos de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
“La acusación constituye, de hecho, la formalización de las graves denuncias que diferentes sectores y personas habían manifestado en los últimos meses que señalaban directamente a jueces penales como responsables de sentencias, actos y decisiones diversas con indicios claros de violación del derecho y en ruptura abierta con los sistemas de integridad en el Poder Judicial”, plantea.
Destaca que revela, de ser ciertos los hechos imputados, que están en grave peligro las reformas implementadas en el Poder Judicial en los últimos años, especialmente para el reforzamiento de la independencia de los jueces, las garantías de imparcialidad de sus decisiones y la fortaleza de los cambios institucionales en este órgano vital del sistema de justicia.
“La acusación pone asimismo en entredicho la calidad de los controles internos y los mecanismos de prevención, inspectoría y seguimiento de los modernos sistemas de gestión implementados en el Poder Judicial, lo que significará a corto plazo, en un deterioro más agudo de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, dada la magnitud de lo que parecer ser un escándalo vergonzoso”, subrayó.
La Finjus llamó al presidente de la SCJ y del CPJ, Mariano Germán Mejía, a realizar todas las diligencias que fueren necesarias, en el marco del debido proceso de ley, para que todas las personas que pudieren estar implicadas en los hechos señalados en la acusación del Procurador Francisco Domínguez Brito, reciban las sanciones correspondientes, tanto por las faltas graves cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional como en el ámbito penal por los delitos y crímenes que representan.
Reitera su fe en la capacidad de las instituciones democráticas para investigar y sancionar a los funcionarios públicos que, valiéndose de las funciones que el pueblo y sus representantes han puesto en sus manos, se aprovechan para cometer actos reñidos con las leyes y la Constitución.
“Esperamos que en esta ocasión el Poder Judicial sepa reaccionar a la altura de las exigencias del pueblo dominicano para que la justicia sea eficiente e implacable contra el crimen organizado en sus diferentes variantes”, argumentó.
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