Las autoridades migratorias dominicanas impidieron el domingo a una mujer que enfrenta la posibilidad de perder la nacionalidad del país caribeño viajar a Washington para denunciar su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Juliana Deguis, a quien por años las autoridades le han retenido su acta de nacimiento y enfrenta el proceso judicial para anularle la nacionalidad debido a su ascendencia haitiana, tenía previsto acudir el lunes a la audiencia que celebrará la CIDH sobre la desnacionalización que pretende realizar República Dominicana.
La mujer arribó la madrugada al aeropuerto de Santo Domingo acompañada por abogados y miembros de la organización de derechos humanos que la representa, pero los agentes de migración le impidieron viajar porque, a pesar de tener visa de Estados Unidos, no portaba pasaporte.
Deguis, de 29 años, portaba su visa estadounidense en una hoja de papel porque las autoridades dominicanas le han negado la posibilidad de tener pasaporte porque el registro civil se niega a entregarle copia certificada de su acta de nacimiento y la cédula de identidad.
“La supervisora de migración insistió en que sin pasaporte, ella no podía viajar”, explicó a The Associated Press Joseph Cherubin, director de la organización no gubernamental que representa a Deguis.
La encargada de migración en la terminal aérea se negó a emitir comentarios y pidió a la AP hablar el lunes con el departamento de prensa de la institución.
Tras varias horas de espera e intentos por convencer a los agentes de migración, al mediodía los abogados viajaron a Washington y Deguis se disponía a volver a su casa, en un batey, como se conocen los pueblos dentro de los cañaverales, a 50 kilómetros al norte de Santo Domingo, detalló Cherubin.
La organización jesuita Centro Bonó ha documentado miles de casos de personas que no han podido viajar al extranjero, estudiar, casarse o registrar a sus hijos porque, debido a su ascendencia haitiana, la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, les retiene sus documentos.
Además de las medidas de la Junta Central Electoral, el tribunal constitucional ordenó en septiembre, en una sentencia inapelable, abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de Deguis y todos aquellos nacidos en el país después de 1929 de padres inmigrantes que carecían de permiso de residencia.
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