CABLE INTERNACIONAL . La Orden Ejecutiva emitida por el presidente de EEUU, Donald Trump el viernes, que prohíbe la entrada en el país de personas de 7 países durante tres meses y cancela durante cuatro la emisión de visados de refugiado sin que importe el origen de los solicitantes, ha llevado la tensión política en la primera potencia mundial a un nuevo nivel.
Hasta ahora, el enfrentamiento había sido político. Desde este fin de semana, es también legal. La jueza de Nueva York Ann Donnelly prohibió el sábado, a instancias de la organización de izquierdas Unión Americana para los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), la deportación de personas que llegan a EEUU con estatuto de refugiado de esos 7 países.
Además, 16 de los 22 fiscales generales del Partido Demócrata han emitido un comunicado en el que se comprometen “a trabajar para que el menor número de personas posibles sufran esta caótica situación”. Los fiscales generales son el equivalente de los secretarios de Justicia de los estados, y tienen margen para actuar en esta materia.
Entre el viernes y el sábado, un total de 109 viajeros han sido arrestados por esa razón. Pero, tal y como recordó Donnelly en su auto, esa gente se encontraba simplemente en el avión cuando la Orden Ejecutiva fue emitida. Y, además, nadie se puede plantar en un aeropuerto en EEUU y anunciar alegremente que quiere que lo acepten como refugiado.
Eso implica que, como dijo Donelly, “presumiblemente, nuestro propio Estado autorizó su entrada en el país“.
Al mismo tiempo, los críticos de la norma han interpuesto o están preparando una serie de recursos cuestionando su constitucionalidad desde diferentes puntos de vista que van desde el reparto de poderes en materia de inmigración entre el Ejecutivo y el Legislativo, hasta la no discriminación a personas de un determinado credo religioso.
Esa última razón se debe a que la Orden, aunque no cita explícitamente a los musulmanes, afecta a 7 países en los que entre el 95% y el 99% de la población sigue esa religión: Libia, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, y Yemen.
“La Orden, desafortunadamente, es legal”, ha declarado a EL MUNDO Mae Ngai, profesora de Historia de la Universidad de Columbia y autora del libro ‘Impossible Subjects. Illegal Aliens and the Making of Modern America’ (‘Súbditos Imposibles: Extranjeros Ilegales y la Construcción de los EEUU Modernos’).
Al enfrentamiento legal se suma el político. La oposición demócrata de Washington ha sido muy cauta a la hora de criticar la Orden. Varios senadores la han censurado, pero el liderazgo demócrata estaba más preocupado en censurar que la Casa Blanca hubiera omitido, en su comunicado oficial de conmemoración del Holocausto, que los judíos fueron las victimas principales del nazismo.
Entretanto, no parece que la confirmación de ningún alto cargo propuesto por Trump vaya a ser paralizada por esta nueva controversia. El jefe de la oposición demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se limitó a declarar que se opone a la Orden “con todas las fibras de mi cuerpo”.
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