INTERNACIONAL. A finales de febrero de este año, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibía un contundente informe de 16 páginas en el que se le detallaban diversas sentencias de los tribunales y una incipiente investigación de la Comisión Europea sobre la contaminación de toda la cuenca del Llobregat, que abastece de agua al área metropolitana de Barcelona. En el escrito se detalla que Iberpotash tiene 9 concesiones mineras en Súria y una en Sallent, ambas consecuencia de un programa aprobado en el año 2003 y con autorizaciones ambientales que van desde 2006 hasta 2008.
El escrito especifica también las sucesivas sentencias judiciales como consecuencia de las cuales la Generalitat tuvo que pedir a Iberpotash una fianza de más de 585.000 euros primero y, más tarde, de 6,9 millones “a la que ha aplicado una inaudita reducción del 50%”. Y explica: “Mientras tanto, la escombrera del Cogulló, que ahora Iberpotash presenta como un depósito salino a la expectativa futura de explotación para aprovechamiento de la sal sódica, supera los 55 millones de toneladas en residuos altamente contaminantes y sigue impunemente creciendo, con las consecuencias por todos conocidos de salinización de la cuenca del Llobregat”. El firmante de la denuncia aporta también las diferentes sentencias a favor de asociaciones de vecinos.
Pero el apartado más importante desvela un dato inédito: que Europa investiga la contaminación producida. El párrafo en cuestión señala: “La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción, con referencia CHAP (2013) 01557 de la Dirección General de Medio Ambiente, por los reiterados incumplimientos de la normativa ambiental comunitaria en relación con la actividad extractiva de Iberpotash en Sallent y en Súria, a raíz de mi denuncia presentada el 14 de mayo de 2013 ante dicho organismo con sede en Bruselas”.
En esa denuncia se aseguraba que la compañía salinera incumple la obligación de gestionar los residuos salinos, que la Generalitat permanece inactiva ante la intensificación del riesgo, que se está gastando dinero público para paliar la contaminación producida por Iberpotash, la “vulneración del principio quien contamina paga”, que los daños causados pueden llegar a ser irreversibles “en la calidad de las aguas destinadas a la extracción de agua potable para la población de toda la región metropolitana de Barcelona” y que se han realizado actividades industriales sin el permiso correspondiente.
El extenso informe enviado a Europa habla también de “los obstáculos para hacer cumplir la normativa comunitaria vigente debido a la connivencia de la Administración de la Generalitat de Cataluña con Iberpotash” y demanda exigencia de responsabilidades a las autoridades públicas que permiten esta situación.
Un insigne vecino cabreado
El insigne personaje que firma tanto la denuncia a Fiscalía como la de Bruselas es Sebastià Estradé y puede presumir de ser doctor en derecho, diplomado en ingeniería industrial, exprofesor de Física Nuclear, exsecretario de la Cátedra Especial de Tecnologías del Espacio de la Universidad de Barcelona y presidente de la sección de Derecho Aeronáutico y espacial del Colegio de Abogados de Barcelona. Además, es un prolífico autor catalán (ha escrito una treintena de obras de divulgación científica, narrativa breve, ciencia ficción y divulgación ambiental) y tiene 91 años, aunque conserva toda su lucidez y agilidad mental.
En enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya le daba la razón a Estradé en su contencioso con el Gobierno catalán y con Iberpotash, a quien reclama que gestione los residuos como hacen todas las compañías en Europa o como esa misma empresa hace en otros países. La firma, de capital israelí, tiene yacimientos abiertos en Súria y en Sallent. El fallo de enero del año pasado reforzaba una sentencia anterior de 2011 que anulaba parcialmente la autorización ambiental de la explotación minera.
El 15 de octubre de 2013, el TSJC dictaba otra sentencia dando la razón a la Asociación de vecinos Sant Antoni del barrio de La Rampinya, de Sallent, que habían denunciado a la Generalitat y a Iberpotash por la contaminación del medio ambiente. Los términos eran similares a los del anterior fallo.
Y es que los residuos mineros se acumulan en plena naturaleza haciendo que, por las condiciones atmosférica y medioambientales, puedan filtrarse a las cuencas y al subsuelo. Además, en Sallent, una montaña de 500 metros de altura da fe de la dejadez para minorar los efectos industriales. En Europa, los desechos industriales se inyectan de nuevo en las minas perforadas mediante la técnica del backfilling reduciendo en su casi totalidad los efectos nocivos sobre el medio ambiente.
Paralelamente, la Fiscalía barcelonesa interpuso hace dos años una querella en el juzgado de instrucción número 2 de Manresa contra tres altos directivos de Iberpotash por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
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