La parcialidad de la JCE.

Por Juan TH. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, ha convocado el Pleno para discutir la solicitud de observar la convención del Partido Revolucionario Dominicano que organiza Miguel Vargas. Todos saben lo que ocurrirá: Tres votos en contra, dos a favor.

La mayoría de las decisiones del Pleno terminan dos a tres, pues Rosario ha logrado la incondicionalidad (¿?) de dos jueces para imponer sus decisiones. Solo hay que revisar las actas.

La parcialidad, tanto del Tribunal Superior Electoral (más de 30 sentencias a favor de Miguel Vargas) como de la JCE, es más que evidente. Cuando Luis Abinader y Guido Gómez Mazara le enviaron una carta a Rosario solicitando la vigilancia de la Convención, éste la remitió al presidente de facto del PRD para conocer su opinión. Un hecho insólito que demuestra falta de tacto y la parcialidad en el conflicto.

Por mandato de la Constitución de la República y de la propia ley electoral, la JCE está facultada para reglamentar los procesos electorales tanto nacionales como las primarias de los partidos. La inversión, la publicidad y equidad y la transparencia. Pero Rosario, colocado por encima de la Constitución, se opone alegando que hay que esperar la aprobación, de parte del Congreso, de la Ley de Partidos, sabiendo, como lo sabe, que esa ley no se aprobará porque al PLD y a su aliado Miguel Vargas no les interesa.

El párrafo cuarto del artículo 212 de la Constitución dice: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

¿De qué equidad hablamos en un partido cuyo presidente maneja los fondos que le entrega la propia JCE como si fueran suyos? ¿De qué equidad hablamos cuándo la Comisión Organizadora de la Convención está integrada por empleados y amagos del presidente de facto del PRD? ¿Dónde está la maldita equidad? ¿De qué equidad y transparencia hablamos en la utilización del dinero que Vargas distribuye entre sus allegados sin que ninguna autoridad de la JCE y del TSE lo obligue a cumplir con el mandato legal, sino que al contrario lo respalda?

Amparado en lo que establece la Constitución y la ley que crea la JCE, el magistrado Eddy Olivares ha propuesto dos reglamentos de fiscalización y observación de los procesos electorales, tanto de los partidos como en los comicios nacionales. Sin embargo, esa mayoría mecánica, tres a dos, que ha logrado Roberto Rosario, las ha rechazado con argumentos risibles, francamente baladíes.

“Cuantas veces hemos propuesto infructuosamente la reglamentación de las primarias, asambleas y convenciones de los partidos políticos, ha sido en procura de la implementación de un procedimiento común aplicable a todos los partidos, a fin de evitar que cada cao sea tratado de una manera diferente, como ha ocurrido con el que nos ocupa”, dice Olivares en su propuesta del 29 de marzo de este año.

Hasta ahora, añade Olivares, “la decisión del Pleno sobre la fiscalización se limita a las asambleas y convenciones de delegados, las cuales, en el caso de los grandes partidos, más que asambleas políticas, son un espectáculo para la televisión en el que los delegados no tienen ni siquiera la oportunidad de expresarse”. Es decir, la presencia de la JCE ya no tiene sentido, ni garantiza los derechos de los votantes.

Miguel Vargas no quiere que nadie le exija transparencia en el manejo de los fondos, que nadie le exija equidad en la composición de la Organización Organizadora de la Convención, que nadie le pida claridad en el Padrón de militantes, que nadie los revise. Miguel quiere actuar impunemente. Miguel quiere robarse la Convención con el apoyo de la JCE, el TSE y el Gobierno. No quiere que lo fiscalicen, pero quiere que las Fuerzas Armadas y la Policía lo protejan y reprima violentamente a los que protesten reclamando sus derechos constitucionales.