La empresa TanfoglioRD S.A.S., importadora de armas de fuego y pertrechos, sometió a la justicia al ministro de Interior y Policía y al director general de Aduanas, a quienes acusa de retener ilegalmente mercancías traídas legalmente al país.
Además acusa a los funcionarios de usurpan funciones que estarían reservadas para el Ministerio de Defensa.
La empresa interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, acción con la que procura que José Ramón Fadúl y Fernando Fernández ordeenn el desbloqueo de las mercancías retenidas en los almacenes de Aduanas y de lo contrario sea dictado en su contra un astreinte o sanción pecuniaria de RD$200 mil diarios.
La instancia fue presentada por el doctor Gilberto Objío Subero, representante de la empresa, quien atribuye a ambos funcionarios actuar al margen de la ley y sujetos “al mayor abuso de poder”, toda vez que “la facultad de otorgar licencias de armerías y de importación de armas es una prerrogativa reservada al Ministerio de Defensa”.
“Queremos recordarle a Aduanas y a su director que no puede retener armas de fuego bajo ningún concepto, sin previamente solicitar la autorización para ello al Ministerio de Defensa, organismo que debe tomar la custodia de dichas armas y si deben ser retenidas deben ser trasladadas a la Dirección de Material Bélico”, agregó Objío Subero en un comunicado de prensa.
Expuso que TanfoglioRD S. A. S. cuanta con su licencia reglamentaria, emitida por el Ministerio de Defensa, de modo que “cualquier otra norma contraria es inaplicable, en virtud de lo que establece el articulo 6 dela Constitucióndela República, del 26 de enero de2010”, que es el texto al que deben sujetarse todos los órganos y personas que ejerzan funciones públicas.
Objío Subero afirmó que la competencia que pretenden asumir las mencionadas instituciones está constitucionalmente reservada al Ministerio de Defensa, entidad con categoría par controlar, supervisar y custodiar las arma que ingresan legalmente al país, al tiempo de indicar que el agravio contra la empresa fue debidamente notificado al presidente Danilo Medina, tomando en cuenta los daños causados a sus clientes.
“Son graves los daños causados a nuestro representado, compañía abierta en el país conforme orden las leyes dominicanas. Esta acción ha provocado una perdida económica cuantiosa, sobre todo por los recargos que hemos tenido que pagar por concepto de uso de almacenes, todo por esto por la acción ilegal y caprichosa de estos dos funcionarios”, dijo el jurista, de acuerdo a la nota de prensa.
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