El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) emplazó al Ministerio de Educación y otras instituciones del Estado a saldar las deudas que por encima de los cinco mil millones de pesos mantienen con los contratistas de obras del Estado.
En una rueda de prensa, acompañado de los directivos del gremio, Livio Mercedes, Guarionex Gómez y Francisco Chapman y decenas de colegiados, el agrimensor Juan Ramón Cruz Ventura, narró las vicisitudes económicas que padecen los contratistas de las escuelas para la tanda extendida y de otros organismos, al tiempo de revelar que 110 centros escolares en proceso de construcción están paralizados por atrasos en los pagos de las cubicaciones.
Aseguró que alrededor de 1,300 ingenieros y arquitectos que construyen las escuelas en todo el país, aunque han cumplido los contratos suscritos con el Ministerio de Educación se encuentran inmersos en un viacrucis como consecuencia de las distorsiones protagonizadas por la institución educativa.
“La mayoría de nuestros profesionales que resultaron agraciados en los cuatro sorteos para la construcción de las escuelas para la tanda extendida, aunque han trabajado con honradez, se encuentran postrados y lacerados en términos económicos junto a sus familiares por la violación a los contratos de construcción de eso centros escolares del Minerd”, dijo de acuerdo a una nota de prensa.
Adelantó que si el Minerd, Obras públicas y otras entidades estatales no cumplen con sus compromisos contractuales dentro de un plazo prudente, la junta directiva del Codia no descarta movilizarse junto a los afectados en reclamo del pago de esas las deudas.
Agregó que los contratistas son constantemente presionados por los suplidores de insumos para la construcción, los trabajadores , a la vez que tienen que pagar altos intereses bancarios a la institución que, autorizada por el Poder ejecutivo le facilitó una línea de crédito para continuar los trabajos de levantamiento de las unidades escolares.
“Observamos con preocupación los abusos y violaciones por parte del Minerd, los cuales se traducen en anomalías e irregularidades que abusivamente se imponen como una camisa de fuerza a los contratistas responsables de construir las escuelas”, dijo.
Entre las supuestas violaciones cometidas por el organismo educativo, y que a su juicio violan los contratos de construcción y afectan directamente a los miembros del gremio, el presidente del Codia señaló “el no reconocimiento de algunas partidas y las variaciones que por ley e inflación experimentan los precios de los materiales.
Subrayó que, igualmente, el Minerd se niega a reconocer los crecientes gastos administrativos ocasionados por la prolongación del período de construcción que se produce por los atrasos en os pagos en el tiempo previsto.
Aseguró que la situación se empeora en contra de los contratistas porque las autoridades escolares desconocen “las autorizaciones hechas por la parte supervisora de las obras sobre equipos, herramientas y uso técnico de partidas, entre otras acciones que vulneran los acuerdos establecidas entre los contratistas y la entidad oficial.
Afirmó que esas negativas unidas a los atrasos de las deudas ha provocado que actualmente se encuentran detenidas 110 escuelas que estaban en proceso de construcción, mientras otras no sean iniciado por diferentes problemas, entre los cuales se encuentran la falta de terrenos para edificarlas.
Añadió que 80 escuelas terminadas, inauguradas y en las cuales se imparte docencia a miles de estudiantes, no han sido pagadas sus cubicaciones finales, lo que constituye un abuso incalificable en contras de los profesionales de la construcción miembros del Codia.
“Es de valor agregar que entre las escuelas terminadas y no pagadas, las paralizadas en proceso de construcción, las que se encuentran en su etapa final y, cubicaciones presentadas ,pero pagadas, el gobierno tendría que erogar alrededor de 6,900 millones de pesos, conforme a los datos que recibidos por el Codia”, puntualizó
Cruz Ventura indicó que tratando de buscarle una solución al problema ha remitido comunicaciones al ministro de Educación, Andrés Navarro, para sostener un encuentro, pero el funcionario no ha dado respuestas porque aparentemente le conviene mantener un conflicto que podría resolverse, siempre y cuando exista voluntad oficial para ello.
“Solo procuramos que evaluemos las obras de cada uno de los contratistas afectados y, con ello llegar a las justas mediciones y soluciones, pero como al Minerd no le interesa nuestra petición, le hacemos un llamado al presidente de la República para que intervenga y no permita que por la prepotencia y total ausencia de sensibilidad humana del arquitecto Navarro, se malogre su proyecto de la Revolución Educativa y, con ello la eliminación del analfabetismo en el país, enfatizó.
Subrayó que igual situación padecen 302 contratistas a quienes varias instituciones, incluyendo al Ministerio de Obras Públicas, les adeudan 1,600 millones de pesos por concepto de trabajos realizados y no saldados que tienen 10 y 20 años de existencia.
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