Cable Internacional . Los investigadores concluyen que el Partido Popular (PP) montó un sistema que atentó contra el “pluralismo político”.
El Partido Popular (PP) de Madrid cometió irregularidades en la financiación de sus campañas electorales en 2007 y 2011 que desembocaron en la victoria electoral de su candidata a la Comunidad, Esperanza Aguirre. Así lo revela un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica, según informan los medios locales.
Para la Guardia Civil, la financiación irregular de estas campaña, supone “una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político, habiéndose sustentado mediante actuaciones con relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental…)”.
Además, según los investigadores de la Púnica, el PP madrileño también habría ayudado con fondos de procedencia irregular al de ámbito nacional, dirigido por Mariano Rajoy, en la campaña de las elecciones de 2008.
La Guardia Civil señala como “elemento nuclear” de toda esta trama a Fundescam, una fundación del propio partido. Así, a través de una de sus cuentas corrientes, “determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”, reza el informe.
Los investigadores también destacan el papel de Ignacio González, director del comité de campaña del PP en 2007, y actualmente en prisión por el caso Lezo, y de Francisco Granados, también responsable de campaña en 2001 y 2008. Además, la documentación incautada a Beltrán Gutierrez, gerente de la formación, revela “numerosas irregularidades de la normativa electoral y de financiación de partidos y ha evidenciado una contabilidad B“.
En esta contabilidad, según el informe, constarían: “ingresos en efectivos de procedencia desconocida y abonos en efectivo a proveedores de campaña por encima al millón de euros, existencia de una caja b para pagar a proveedores de servicios electorales, uso de la fundación Fundescam para pagar gastos de campaña”.
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