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| Donald Trump arremetió contra la publicación de Steve Bannon. |
Cable Internacional Washington, 14 ene (EFE).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy que quiere un sistema migratorio para las llegadas al país basado en “el mérito”, después de que esta semana levantara una gran polémica al llamar “países de mierda” a naciones emisoras de inmigrantes como Haití, El Salvador y los países africanos.
“Yo, como presidente, quiero que la gente que venga a nuestro país sea para ayudarnos a convertirnos en un país más fuerte y maravilloso de nuevo, gente que venga a través de un sistema basado en el mérito. No más loterías. Estados Unidos primero”, dijo hoy el multimillonario en Twitter.
Este sábado Trump dio por perdido el acuerdo migratorio fraguado durante meses en el Senado por un grupo bipartidista después de que en su última reunión sobre el asunto calificara a naciones como El Salvador o Haití como “países de mierda”.
El grupo negociador, conformado por tres senadores demócratas y tres republicanos, había alcanzado un principio de acuerdo legislativo para una ley que facilite la ciudadanía a más de un millón de jóvenes que ahora son susceptibles a la deportación y que se criaron en EEUU, los conocidos como “soñadores”.
Una de las disposiciones de la propuesta legislativa contempla también la eliminación de la lotería de visados, con la que ahora se reparten 50.000 permisos al año, para transformar la mitad de ellos en visados para los que se han visto afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Cuando a Trump le explicaron esta postura, y según publicó el diario The Washington Post, el multimillonario reaccionó diciendo: “¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?”, en referencia a El Salvador, Haití y los países africanos.
La filtración de esas duras declaraciones ha puesto en jaque las negociaciones migratorias, incluso cuando los demócratas habían accedido a dotar ciertos fondos para la construcción de la barrera fronteriza con México tan demandada por el presidente, y cumplían con sus exigencias de aumentar fondos para seguridad fronteriza.
“DACA está probablemente muerto porque los demócratas realmente no lo quieren, solo quieren hablar y quitarle desesperadamente un dinero necesario a nuestro militares”, agregó al respecto hoy el mandatario a través de la misma red social.
Tras más de cuatro meses de diálogo entre demócratas y republicanos, el tiempo se agota para los más de 800.000 jóvenes que disfrutaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado por el expresidente Barack Obama y cuya vigencia concluye en marzo por órdenes de Trump.
No obstante, el Gobierno del multimillonario se ha visto obligado a reanudar la renovación de las solicitudes de DACA por orden judicial, y precisamente este fin de semana, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), anunciaron la aceptación de solicitudes para aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.
“Debido a una orden judicial federal, USCIS ha reanudado la aceptación de solicitudes para renovar la concesión de acción diferida en virtud de DACA”, dijo la agencia en el comunicado.
“Hasta nuevo aviso, y a menos que se indique lo contrario en esta guía, la política de DACA será operada en los términos vigentes antes de que se rescindiera el 5 de septiembre de 2017”, agregó.
En su orden judicial, el juez William Alsup dijo que la medida de la administración Trump de rescindir DACA se hizo sin seguir los procedimientos legales adecuados, y que el gobierno federal tendría que “mantener el programa DACA a nivel nacional” mientras se resuelven los desafíos legales planteados sobre la materia.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, donde viven 238.000 “soñadores”.
Esos estados alegan que el fin del DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.
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